El precio de un país que se detiene

El precio de un país que se detiene

El principal saldo de las siete semanas de conflicto social en Bolivia no es la severa contracción que castiga a múltiples sectores y actividades sino la imposibilidad de llevar adelante las reformas que la economía requiere para superar su profunda crisis. Las esperanzas de recuperación surgidas tras la instalación del nuevo gobierno se disipan y el país se encamina hacia una etapa de mayor incertidumbre.

“Queda claro que el gobierno ya no tendrá condiciones para aplicar las reformas previstas ni para avanzar en los acuerdos preliminares suscritos con organismos internacionales como el BID, la CAF y el BM, además de las conversaciones con el FMI sobre las reformas estructurales necesarias: nuevas leyes de hidrocarburos y minería, una reforma profunda de la justicia y cambios parciales a la Constitución”, afirmó el economista Horst Grebe.

Adelanta un escenario de prolongado estancamiento: “el país deberá atravesar una transición dolorosa hasta que se recompongan las fuerzas económicas, políticas y sociales y se logre construir un sistema de partidos capaz de enfrentar la realidad existente”.

Grebe define la coyuntura como “dramática” pues el punto de partida al finalizar los bloqueos es más delicado que en noviembre de 2025: caída del PIB próxima al 4%, déficit fiscal mayor al 15% del producto y severa interrupción de las fuentes de ingreso del Estado.

A esto se suma la creciente cautela de los organismos financieros internacionales. “Los créditos del BID, de la CAF y del BM están destinados a proyectos específicos. Los recursos de libre disponibilidad que existían ya fueron desembolsados”, advierte.

Bolivia vive la paradoja de atravesar una de las fases más complejas de su crisis económica cuando el contexto internacional ofrece oportunidades favorables, por los altos precios de las materias primas de exportación.

El economista considera que el presidente Rodrigo Paz deberá enfrentar el desafío de cumplir las promesas de su campaña electoral, lo que implicará tensiones con los sectores productivos cruceños y con entidades internacionales.

“Los financiadores externos serán más exigentes y demandarán mayores garantías de que sus recursos serán utilizados de manera adecuada”, sostiene.

Para Grebe, la raíz del problema está en una profunda crisis del sistema político. “Lo que ha fracasado es el sistema político que no fue capaz de sobrevivir al intento de borrarlo de la escena durante el gobierno del MAS, que se ocupó de destruir a los partidos tradicionales sustituyéndolos por movimientos, naciones y pueblos indígenas que podían participar como actores electorales. Los partidos deben reconvertirse; tendrán que surgir nuevas alianzas y nuevas organizaciones. Es la tarea del futuro para la gente democrática”.

Durante dos décadas, los excedentes generados por los hidrocarburos permitieron sostener un amplio gasto público y el Estado se acostumbró a administrar una etapa de abundancia. La reducción de las reservas y de la producción de gas natural modificó radicalmente ese escenario.

“Bolivia pasó de ser un exportador de hidrocarburos a un importador de carburantes”, sintetiza Grebe. Este cambio representa el cierre de un ciclo económico y el inicio de una transición marcada por mayores restricciones fiscales, menor disponibilidad de divisas y la necesidad de crear condiciones que atraigan inversión privada.

Aunque Rodrigo Paz inició su gestión con el acierto de restablecer el suministro de combustibles, tropezó con la crisis de la baja calidad de la gasolina importada. En siete meses de administración, no logró desarticular los mecanismos irregulares que operaban dentro de YPFB mediante contratos opacos con proveedores de gasolina y diésel y mantuvo operaciones de abastecimiento al fiado.

El malestar social se agravó cuando el gobierno modificó sus orientaciones políticas, alejándose de los compromisos que habría asumido con los sectores populares que lo respaldaron.

En enero, la COB consiguió la abrogación del Decreto 5503, que supuso la primera derrota política del Ejecutivo. Meses después, a la demanda de un incremento salarial del 20% se sumaron otras reivindicaciones sectoriales, desembocando en una exigencia generalizada de renuncia del presidente Paz.