El fin de la subvención

El fin de la subvención

El Gobierno que preside Rodrigo Paz Pereira dispuso el fin de la política de subvención a los hidrocarburos que estuvo vigente durante dos décadas. El argumento oficial señala que, al momento, dicha política ya resulta insostenible.

“Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo del pueblo, dar certidumbre en la energía y la energía con precios claros y con abastecimiento garantizado”, sostuvo el mandatario en un mensaje.

La política de subvenciones mermó las reservas líquidas y disparó la crisis económica. El país compraba a precio internacional y revendía a pérdida. El esquema fomentó esquemas de corrupción y contrabando.

Como era de preverse, las reacciones no se dejaron esperar. Desde el apoyo del Secretario de Estado norteamericano, pasando por el respaldo de los gremios empresariales. Los sindicatos de choferes, mineros y la COB amenazaron con medidas de presión y una dura resistencia. El ministro de la Presidencia respondió que la medida no es negociable y descartó la posibilidad de abrogarla.

Analistas opinaron que el ajuste “era una decisión necesaria y que lo peor era no hacer nada”. Para ellos, el próximo paso debería ser la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que potencie al sector. Lo que más preocupa son los efectos inflacionarios de la medida.

“Ha sido una arquitectura de todos los márgenes de la cadena de valor de los precios. Se sube el precio de referencia, se sube el margen de refinería, el margen de transporte por poliductos, la tasa del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, el margen mayorista y minorista. Esto es importante porque se le da mayores recursos a YPFB para que pueda reinvertir en sus plantas y refinerías. Se prepara la llegada del crudo para procesar este petróleo en el país e incrementar al 90% la capacidad de refinación, que está en 30%. Al incrementar el precio de referencia, estamos dando a YPFB la posibilidad para que suba el precio al productor, lo que eleva el precio a boca de pozo, elevando así los ingresos por regalías y el IDH. Eso repercute en ingresos de los que coparticipan”, explicó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

En la nueva escala de precios, la gasolina registra un incremento de 86%, la gasolina premium de 52% y el diésel de 163%. La gasolina subió de 3,74 a 6,96 bolivianos, la gasolina premium pasó de 7,22 a 11 bolivianos y el diésel se incrementó de 3,72 a 9,8 bolivianos. Los precios tendrán una vigencia de seis meses.

Para favorecer a su importación por el sector privado, el diésel fue excluido de la lista de sustancias controladas.

“La mitad de la gasolina que se consume en el país se produce y se refina por YPFB, por lo que los niveles de control de la gasolina y su destino son mucho más fuertes que el diésel, que se importa casi en su totalidad”, acotó Medinaceli.

El Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que el ajuste no debería traducirse en un alza significativa de precios. Indicó que, en el transporte, la gasolina es solo un componente de la estructura de costos y que fueron aprobadas disposiciones sobre la eliminación de aranceles de importación de los insumos como aceites, llantas y repuestos.

El tipo de cambio reaccionó inicialmente al alza. En el mercado paralelo, el dólar se cotizó en Bs. 11,92 a la compra y Bs. 10,30 a la venta. El Ministro de Economía dijo que ese precio se estabilizará paulatinamente. El transporte ajustó sus tarifas casi de inmediato con incrementos unilaterales y desproporcionados.

El Gobierno dispuso medidas de contención social que entrarán en vigencia desde enero: un incremento de 20% al salario mínimo que se situará en 3.300 bolivianos para reponer el poder adquisitivo del salario, pues se prevé que la inflación 2025 se situará en ese rango. En el sector privado habrá negociación y no se contempla incremento salarial alguno en el sector público.

La Renta Dignidad subirá a 500 bolivianos y el Bono Juancito Pinto a 300 bolivianos. Habrá tres transferencias anuales de 150 bolivianos a discapacitados y a quienes reciben el Bono Juana Azurduy. Se contemplan tres pagos anuales de 150 bolivianos por hijo a familias con niños en edad escolar.