La COB quiere gobernar
Después de cuarenta y siete días de bloqueos, con sus secuelas de inmenso daño para el país y de convertir a millones de ciudadanos en rehenes, la Central Obrera Boliviana presentó una “Conminatoria para la Pacificación y la Recuperación del País”.
La lectura del documento provoca una mezcla de asombro e indignación.
No porque formule demandas. Toda organización social tiene derecho a hacerlo. Lo inquietante es que el texto parece redactado desde una realidad distinta a la que vive Bolivia.
En ninguna de sus páginas aparece una sola referencia al grave perjuicio causado durante estas siete semanas de conflicto. No hay una palabra sobre las pérdidas sufridas por productores, transportistas, comerciantes o trabajadores. No existe una reflexión sobre las víctimas del conflicto, ni sobre los ciudadanos que están atrapados en ciudades aisladas, ni sobre las familias que aún soportan escasez e incertidumbre.
Los bloqueos desaparecen del relato. Es como si nunca hubieran ocurrido.
La segunda sorpresa surge al revisar las exigencias económicas.
Jubilación al cien por ciento para todos los sectores laborales. Congelamiento permanente de los precios de los combustibles. Protección integral de salarios. Nuevos compromisos estatales. Rechazo a determinadas fuentes de financiamiento internacional.
La pregunta inevitable es: ¿de dónde saldrán los recursos?
Bolivia no está en una etapa de abundancia. Enfrenta restricciones fiscales, dificultades energéticas, escasez de divisas y una compleja situación económica derivada de años de ineficiencia y corrupción.
Sin embargo, el documento parece escrito para un país imaginario donde los recursos públicos son infinitos y donde las decisiones económicas no tienen consecuencias.
Se exigen beneficios, subsidios y mayores obligaciones estatales sin explicar cómo habrán de financiarse ni quién asumirá finalmente ese costo.
Pero, en una contradicción todavía más profunda, la COB se presenta en este documento como observadora y fiscal de una crisis que habría sido creada por otros.
Lo cierto es que durante muchos años fue uno de los pilares políticos y sociales del “proceso de cambio” que dilapidó los recursos de Bolivia. Acompañó al gobierno, respaldó decisiones fundamentales, recibió prebendas y participó activamente de un sistema de poder cuyos resultados económicos, institucionales y morales hoy son motivo de preocupación colectiva.
Nadie niega su derecho a formular críticas, pero tampoco debería ignorarse que quienes participaron en la construcción de un modelo tienen también responsabilidad respecto de sus resultados. No es razonable asumir todos los beneficios de una etapa y ninguna de sus consecuencias.
Sin embargo, el aspecto más preocupante de la conminatoria no es económico, es institucional.
El documento no se limita a plantear reivindicaciones laborales o sociales. Tiene la pretensión de definir qué leyes pueden aprobarse, qué créditos puede contratar el Estado, qué debe o no hacer el Gobierno, qué políticas económicas deben aplicarse y cuáles no, qué decisiones deben adoptar los órganos públicos e incluso qué consecuencias jurídicas deben desaparecer.
La exigencia de liberar a los detenidos vinculados al conflicto ya resulta controvertida, pero la demanda de eximirlos de cualquier responsabilidad representa algo mucho más grave.
Una democracia puede garantizar el debido proceso, lo que no debe garantizar es la impunidad. Corresponde a jueces y fiscales determinar responsabilidades individuales, no a dirigentes sindicales ni a mesas de negociación política.
La ley puede aplicarse correctamente o incorrectamente, pero nunca debe convertirse en objeto de regateo. Esa es una de las prácticas más nocivas a las que fueron acostumbrados por las gestiones masistas y que, lamentablemente, continúa.
En realidad, lo que queda al concluir la lectura del documento es que la COB pretende estar por encima de todas las autoridades elegidas por el voto ciudadano. Es un grupo corporativo que se atribuye facultades superiores a las del Ejecutivo, el Legislativo y la propia justicia.
En los hechos, asumen de facto la función de gobernar Bolivia por encima de los poderes legalmente constituidos.
La democracia representativa tiene muchos defectos, pero su virtud fundamental es que el mandato proviene de la voluntad ciudadana. Las organizaciones corporativas cumplen funciones importantes en la defensa de intereses sectoriales, pero no pueden atribuirse la representación de toda la nación ni colocarse por encima de las autoridades e instituciones que han recibido ese mandato popular.
Por eso el problema de esta conminatoria no es únicamente lo que quiere imponer. Es lo que revela.
Revela una cultura política que durante décadas confundió representación sectorial con soberanía popular; presión con legitimidad; privilegio con derecho; y capacidad de bloqueo con autoridad para gobernar.
Quizás por eso muchas de estas exigencias parecen concebidas para que no puedan ser aceptadas. Y cuando un pliego está diseñado para ser rechazado, deja de ser un instrumento de negociación; es simplemente la justificación o el pretexto para prolongar el conflicto.
Después de cuarenta y siete días de bloqueo, Bolivia necesita acuerdos; pero acuerdos en los que exista responsabilidad, realismo y respeto por las instituciones.
No se puede llegar a acuerdos a partir de la negación de los daños causados, de la evasión de las consecuencias de actos ilegales y mucho menos de la pretensión de que grupos corporativos sustituyan la voluntad soberana de los ciudadanos.
No se debe permitir que quienes no fueron elegidos pretendan gobernar por encima de quienes sí lo fueron.
Columna de opinión: Por Johnny Nogales Viruez · Última actualización 17/06/2026
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