DECÁLOGO PARA FRENAR CRISIS ALIMENTARIA

Los dos organismos de Naciones Unidas señalan que la pandemia tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos), sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social.

Varios son los canales externos a través de los cuales el Covid-19 afecta a la región: la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales; la caída de los precios de los productos primarios; la interrupción de las cadenas globales de valor; la menor demanda de servicios de turismo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.

Las diez medidas apuntan a tres objetivos: que los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, que las organizaciones de la sociedad civil sean apoyadas con subsidios para la asistencia alimentaria y que los países cuenten con alimentos suficientes para garantizar el abastecimiento a precios razonables.

Entre las medidas se sugiere la entrega de un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema. Esta opción tiene un costo estimado de 23.500 millones de dólares, equivalentes al 0,45% del PIB regional. La entrega puede ejecutarse a través de transferencias monetarias, canastas de alimentos o cupones de alimentos.

Otra propuesta importante es la concesión de créditos blandos y bonos de inversión productiva para proteger a las empresas y sus trabajadores. Se propone incrementar un 20% el monto de la cartera al sector agrícola. Esta política debe considerar sistemas de garantías, seguros y otros incentivos que ayuden a las empresas. El aumento propuesto tiene un costo de 5.500 millones de dólares que podrían ser financiados con el aporte de organismos multilaterales.

Asimismo, se sugiere un bono de inversión productiva de 250 dólares para los agricultores que sea destinado a la adquisición de fertilizantes, semillas y otros insumos. Esta medida tendría un costo de 1.700 millones de dólares.

Ambas medidas sumarían un total de 7.200 millones de dólares, de los cuales el 76,4% se destinaría a créditos y el 23,6% a subsidios productivos. Estas acciones sectoriales deben complementarse con políticas macroeconómicas, como reducciones de impuestos, subsidios a las tarifas de servicios básicos o postergaciones de pagos, muchas de las cuales ya han sido aplicadas por los Gobiernos.

El decálogo se complementa con medidas como el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar, el apoyo a las iniciativas de asistencia alimentaria, los refuerzos a los protocolos de sanidad y salud en la producción, el transporte y los mercados mayoristas y minoristas; el fortalecimiento a los programas de apoyo a la producción de autoconsumo; el financiamiento a los agricultores y pescadores artesanales; el establecimiento de mecanismos de consulta y coordinación entre los actores del sistema alimentario; el desarrollo de acciones para impedir que los mercados mayoristas y minoristas se cierren; y la aplicación de medidas para mantener abierto el mercado de alimentos, evitando conductas proteccionistas.